El pasado 30 de mayo los Colegios Médicos de Ceuta y Melilla solicitaron que los facultativos puedan compaginar la sanidad pública con la privada sin sufrir una merma en sus sueldos.

Diez días más tarde el Instituto de Gestión Sanitaria ni siquiera se ha dignado a responder.

Diez días de espera y, una vez más, el silencio ha sido la única respuesta. El pasado 30 de mayo los Colegios Oficiales de Médicos de Ceuta y Melilla registraron un escrito conjunto reclamando mejoras al Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA) y sólo han obtenido el silencio por respuesta. Desde Madrid ya no es que no se atiendan las peticiones de sus facultativos, es que ni siquiera se dignan a contestar. El diálogo, por más que se intenta, es inexistente.

Ambas entidades pedían algo coherente, acabar con la desigualdad salarial que sufren los médicos que compaginan la sanidad pública con la privada. El Servicio Andaluz de Salud (SAS), por ejemplo, ya ha eliminado esta discriminación salarial. Por ello, la pregunta que nos surge es: ¿Cuántos médicos, en este concurso de traslado, van a pedir su marcha a Andalucía por esta mala gestión del INGESA?

Esta situación anacrónica e injusta dificulta la contratación de especialistas y la retención de capital humano. La medida debería analizarse por la simple injusticia de aplicar una merma en el sueldo de 1.183 euros brutos mensuales. Mismo trabajo merece idéntico sueldo. Pero INGESA también debería apreciar el gran alivio que genera el ejercicio mixto. No debe olvidar que alrededor de 20.000 usuarios por área reciben asistencia privada y no de la Seguridad Social.

Anestesistas, cardiólogos, cirujanos, dermatólogos, digestólogos, ginecólogos, neumólogos, oftalmólogos, oncólogos, otorrinolaringólogos, psiquiatras y traumatólogos, entre otros, llevan dos años luchando por esta justa reivindicación y la única respuesta ha sido la inacción del INGESA.

Lo manifestamos el 30 de mayo y lo subrayamos una vez más. Si no recibimos respuesta antes de final de mes, los facultativos iniciarán un calendario de movilizaciones y medidas de protesta sin excluir la huelga. Y se pondrá el caso en manos de los abogados, tanto del Sindicato Médico como del Colegio Oficial de Médicos, para iniciar los trámites por la vía judicial.

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